El tribunal decidió no aplicar prisión preventiva a cuatro de los imputados en el caso Bonhomía, imponiendo medidas cautelares menos severas, lo que genera un debate sobre la justicia en casos de corrupción pública.
La formalización de 11 personas vinculadas al convenio entre el GORE y la Fundación Bonhomía se ha pospuesto, permitiendo a los imputados más tiempo para preparar su defensa legal.