La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que permite al Estado controlar la información difundida por los medios, lo que genera preocupación por la libertad de prensa en el país.
El Presidente anunció un cambio en el sistema de financiamiento educativo que podría transformar la estructura de las universidades privadas, generando un debate sobre el control estatal y la autonomía educativa.